Ahora resulta que EEUU por intermedio de su corte determinará si nos reintegra el dinero de las AFJP, de acuerdo al destino que le demos al mismo. Si no lo usamos para pagarle a los jubilados, nos será incautado. Es más, mientras no demostremos vaya a saber con que tipo de probatoria que nos exijan, que se aplicarán a dicho destino, seguirán embargados en manos de los fondos de inversión de ese país como “Blue Ángel”, “Aurelius”,"Eliot" y "Kennet Dart" , sin devengar un solo peso de interés. También podrían sumarse varias empresas más a solicitar dicho embargo, el mismo que hasta ahora se elevaría a 2.500 millones de dólares.
Ahora bien, me parece correcto que los fondos que provengan de ésas y también de otras inversiones de las AFJP se apliquen al pago de futuras jubilaciones y no se canalicen hacia otros destinos. Lo que no me parece correcto, es que un país o los jueces de un país foráneo, se arroguen el derecho de ser quienes determinen a que deben aplicarse esos fondos y determinen si hay garantías suficientes o no para que así sea.
A esta altura habrá muchos interesados en que a este gobierno le vaya mal, y quizás algunos que lo hagan de buena fé, estén opinando que si hubo un default en el 2001 y se desconocieron ciertos compromisos por parte del estado Argentino ofreciendo el pago con una quita considerable de dinero(que muchas de esas empresas no aceptaron), lo lógico es que las mismas busquen recuperar ese dinero de todas formas. Ok. puede ser un buen argumento, pero deberían tener en cuenta dos puntos:
a) Que en la mayoría de los casos los fondos sometidos al default en el 2001 a los que se les ofreció una quita considerable de dinero corresponden a fondos buitres, que aprovecharon la oportunidad en connivencia con los funcionarios argentinos de turno en aquella época para comprar bonos de deuda a precios irrisorios que sabían que no podrían sostener la situación por la que atravesaba el país y
b) Que los fondos que ahora intentan congelar pertenecían a empresas privadas (léase AFJP), por lo cual se deben restituir a sus legítimos dueños.
Por otro lado, lo que el estado argentino realice con los acuerdos con las AFJP por la estatización de dichos fondos, es puramente algo que atañe a la justicia de nuestro país, ya que esas empresas están constituidas legalmente en la Argentina y sometidas a nuestra legislación, aun cuando algunos de los inversores de las mismas sean inversores extranjeros.
Por lo expuesto en el párrafo anterior una vez estatizados esos fondos, el estado argentino es el único que puede decidir a que adjudicará dichos fondos.
Y el único que puede exigir que se especifique el destino que se le dará a los mismos y pedir las rendiciones de cuentas correspondientes para que no haya desvíos de los fondos hacia otros destinos, es el pueblo argentino a través de sus representantes.
Ningún otro país y ninguna otra corte pueden arrogarse ese derecho porque eso es simple y llanamente “VIOLAR LA SOBERANIA DEL PAÍS”.
Ahora bien, me parece correcto que los fondos que provengan de ésas y también de otras inversiones de las AFJP se apliquen al pago de futuras jubilaciones y no se canalicen hacia otros destinos. Lo que no me parece correcto, es que un país o los jueces de un país foráneo, se arroguen el derecho de ser quienes determinen a que deben aplicarse esos fondos y determinen si hay garantías suficientes o no para que así sea.
A esta altura habrá muchos interesados en que a este gobierno le vaya mal, y quizás algunos que lo hagan de buena fé, estén opinando que si hubo un default en el 2001 y se desconocieron ciertos compromisos por parte del estado Argentino ofreciendo el pago con una quita considerable de dinero(que muchas de esas empresas no aceptaron), lo lógico es que las mismas busquen recuperar ese dinero de todas formas. Ok. puede ser un buen argumento, pero deberían tener en cuenta dos puntos:
a) Que en la mayoría de los casos los fondos sometidos al default en el 2001 a los que se les ofreció una quita considerable de dinero corresponden a fondos buitres, que aprovecharon la oportunidad en connivencia con los funcionarios argentinos de turno en aquella época para comprar bonos de deuda a precios irrisorios que sabían que no podrían sostener la situación por la que atravesaba el país y
b) Que los fondos que ahora intentan congelar pertenecían a empresas privadas (léase AFJP), por lo cual se deben restituir a sus legítimos dueños.
Por otro lado, lo que el estado argentino realice con los acuerdos con las AFJP por la estatización de dichos fondos, es puramente algo que atañe a la justicia de nuestro país, ya que esas empresas están constituidas legalmente en la Argentina y sometidas a nuestra legislación, aun cuando algunos de los inversores de las mismas sean inversores extranjeros.
Por lo expuesto en el párrafo anterior una vez estatizados esos fondos, el estado argentino es el único que puede decidir a que adjudicará dichos fondos.
Y el único que puede exigir que se especifique el destino que se le dará a los mismos y pedir las rendiciones de cuentas correspondientes para que no haya desvíos de los fondos hacia otros destinos, es el pueblo argentino a través de sus representantes.
Ningún otro país y ninguna otra corte pueden arrogarse ese derecho porque eso es simple y llanamente “VIOLAR LA SOBERANIA DEL PAÍS”.
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